Ciudad de México, 17 de abril de 2026.- El gobierno de Estados Unidos abrió un nuevo frente en materia comercial al iniciar investigaciones contra 16 economías —entre ellas México— bajo la Sección 301 (b) de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento que permite a Washington evaluar prácticas que considere desleales y, eventualmente, imponer medidas correctivas como aranceles. La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de reindustrialización que busca contener lo que la administración estadounidense define como “exceso estructural de capacidad” en el sector manufacturero global.

De acuerdo con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, múltiples socios comerciales producen por encima de su demanda interna, lo que deriva en una sobreoferta que termina desplazando la producción estadounidense o inhibiendo nuevas inversiones en ese país. Bajo esta lógica, la investigación no solo apunta a prácticas específicas, sino a un fenómeno sistémico: la relocalización de capacidades productivas fuera de Estados Unidos durante décadas.

El mecanismo de la Sección 301 no es menor. Históricamente ha sido utilizado como una herramienta de presión unilateral, particularmente en disputas con economías como China. Su reactivación, ahora con un espectro más amplio de países, refleja un endurecimiento en la política comercial estadounidense y una disposición a utilizar medidas arancelarias como instrumento de política industrial.

Para México, el señalamiento resulta particularmente sensible. La economía manufacturera nacional está profundamente integrada con la de Estados Unidos, especialmente en sectores como el automotriz. Esta integración implica que una parte significativa del valor agregado de las exportaciones mexicanas proviene de insumos estadounidenses. En ese sentido, la narrativa de “exceso de capacidad” contrasta con la realidad de una cadena de suministro regional altamente interdependiente.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) rechazó la investigación al considerar que posibles sanciones afectarían directamente la competitividad del sector. El organismo subrayó que la producción automotriz en México no desplaza empleos en Estados Unidos, sino que, por el contrario, los complementa al generar demanda de insumos, ingeniería y servicios provenientes de ese país.

Este punto es clave para entender el trasfondo del conflicto. Mientras que la administración estadounidense interpreta la relocalización industrial como una pérdida de empleos domésticos, la industria norteamericana ha operado durante décadas bajo un esquema de integración regional que distribuye procesos productivos entre los tres países del T-MEC. Romper ese equilibrio podría generar efectos adversos en toda la cadena de valor.

Especialistas advierten que una eventual imposición de aranceles bajo la Sección 301 tendría implicaciones más allá del comercio bilateral. Podría debilitar la cooperación industrial en América del Norte, encarecer costos de producción y afectar la competitividad frente a otras regiones. Además, la medida llega en un momento particularmente delicado, a pocos días de iniciar la revisión formal del T-MEC, lo que añade presión política y económica a la relación trilateral.

El calendario de la investigación también refleja la urgencia de la administración estadounidense. El proceso de comentarios públicos inició en marzo, con fecha límite a mediados de abril, y una audiencia programada para mayo de 2026. Se espera que las conclusiones —y posibles medidas— se definan antes de julio, en un contexto marcado por la reciente anulación de aranceles previos por parte de la Corte Suprema.

En paralelo, el gobierno estadounidense anticipó una segunda investigación bajo la misma Sección 301 enfocada en prohibir importaciones vinculadas a trabajo forzado, ampliando el alcance de su política comercial restrictiva.

En conjunto, estas acciones responden a un objetivo claro: reconstruir la base industrial estadounidense y reducir la dependencia externa en sectores estratégicos. Sin embargo, en el caso de México, el desafío radica en que esa estrategia choca con un modelo de integración productiva que ha sido, hasta ahora, uno de los pilares de la competitividad regional.