La agencia noticiosa Associated Press recientemente publicó un reportaje sobre una investigación de los fraudes cometidos en la obtención de apoyos del gobierno de Estados Unidos destinados a personas y empresas afectadas por la pandemia del COVID 19.

En total, el programa entregó más de 4 millones de millones (4 trilliones) de dólares a pequeños empresarios y personas desempleadas. La agencia del gobierno encargada de administrar y adjudicar los fondos fue la Small Business Administration, que en toda su historia había entregado más o menos 1 mil millones de dólares de apoyos por año. La consigna de los políticos era: hay que entregar este dinero lo más rápido posible. No había tiempo (ni recursos) para verificar la autenticidad de los derechohabientes. AP estima que más de 280 mil millones de dólares se entregaron a solicitantes fraudulentos. Otros 120 mil millones se perdieron o se malgastaron. En total el daño podría alcanzar 400 mil millones de dólares, un 10% de los fondos presupuestados. Esa suma es equivalente al presupuesto anual del gobierno federal mexicano.

Los estafadores usaron números de seguridad social de personas fallecidas y de presos. Otros aplicaron varias veces en diferentes estados. Se autorizaron solicitudes para empresas inexistentes o que ya no operaban, con listados de empleados que tampoco existían.

A la fecha, se han iniciado investigaciones en 2,230 casos, pero se estima que podría haber hasta 80,000. Obviamente, tampoco existen los recursos para llevar a cabo estos procesos en forma expedita. El gobierno federal ya solicitó que el plazo de prescripción se ampliara de 5 a 10 años.

En suma, un tema bastante embarazoso para el gobierno norteamericano, y por supuesto también para la sociedad en su conjunto. Pero como dicen: en arca abierta, el justo peca.

La lección es: no puedes confiar de todo el mundo, y los controles, llámese burocracia, son necesarios. Que eso puede retrasar o hacer más engorrosos los trámites, es el precio que hay que pagar. Tampoco se pueden evitar todos los errores, pero una probabilidad de 99% es alcanzable. En tal caso, se hubieran perdido solo 40 mil millones de dólares, una cifra tampoco nada despreciable.

En las empresas, los sistemas de control son igualmente necesarios. Los controles básicos son los que autorizan solo a ciertas personas la utilización de recursos, dependiendo de su área de responsabilidad y jerarquía. Para montos más significativos, se utiliza el sistema de 4 ojos, o sea la contrafirma por un ejecutivo de la misma jerarquía, pero de otra área. Típicamente, esa función de contrafirma está en el área de Finanzas, en el área de Control Presupuestal o Controlling. En la decisión de las compras, lo recomendable es un proceso que requiere de la selección entre 3 proveedores. La famosa adjudicación directa, tan discutida en el ámbito político, también en la empresa es fuente de ineficiencia y corrupción.

Pero los sistemas de control por si solos no son suficientes. Tienen que ser parte de un concepto amplio y coherente de Gobernanza con Integridad. Un Código de Conducta, o de Integridad, con sistema de alertas y consecuencias, es el primer paso. Y la Gobernanza se construye con cuatro Sistemas de Gestión: de Objetivos, de Procesos, de Cumplimiento Regulatorio y de Riesgos Estratégicos, Operativos y de Integridad.

Una organización que gestiona con Gobernanza e Integridad no solo asegura el logro de sus objetivos, sino que también evita las pérdidas por abusos, actos indebidos, ignorancia y negligencia. Por eso, la Gobernanza se considera hoy en día un requisito para el desarrollo sostenible de la organización, que sumada a la responsabilidad ecológica y social integran el concepto de ESG.

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