En días recientes, el gobernador del estado de Florida y posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Ron DeSantis, promulgó una ley que le prohíbe a las instancias gubernamentales de la Florida tomar en cuenta criterios ambientales, sociales o de gobernanza cuando contratan servicios o realizan inversiones. También obliga a los bancos registrados en Florida a no “discriminar” a clientes que no cumplen con criterios ESG, como podrían ser empresas de combustibles fósiles, fabricantes de armamento o prisiones privadas. En un comunicado, DeSantis llamó el ESG “una amenaza directa a la economía americana, la libertad económica individual y nuestra forma de vida”. Anteriormente, Florida ya había retirado las inversiones de su fondo de pensiones de la firma gestora Blackrock, argumentando que ésta podría reducir sus rendimientos en favor de criterios ESG.
La acción de DeSantis, en sintonía con declaraciones de otros políticos republicanos, carece de lógica financiera y sólo puede ser entendida en el contexto de polarización política que viven los Estados Unidos. De hecho, el presidente Biden acaba de vetar una ley aprobada por el congreso con el apoyo de 2 disidentes demócratas, que pretendía imponer la prohibición de criterios ESG a todos los fondos de inversión. De esta manera, el partido republicano se opone a criterios de sostenibilidad que la gran mayoría de la comunidad empresarial y financiera ha adoptado.
Un estudio publicado recientemente por el IBM Institute for Business Value reporta que el 76% de 2500 empresas entrevistadas dicen que ESG es un elemento indispensable de su estrategia, considerando que los criterios de sostenibilidad apoyan la estabilidad financiera de sus empresas.
IBM también entrevistó a 20,000 consumidores en 34 países, de los cuales dos terceras partes afirman que la responsabilidad ecológica y social son muy importantes, incluso para la propia decisión de escoger el lugar de trabajo.
La implementación de sistemas de gestión para las políticas de ESG todavía está en proceso en las empresas. Un 41% reporta que ya han hecho algún avance, y solo el 10% afirma que este avance ha sido significativo. Lo que si ya se puede determinar es que las empresas que han madurado integrando criterios ESG en sus estrategias y procesos con avances medibles, superan a otras que no lo han hecho en la generación de ingresos y retorno para los accionistas.
Es indudable que el concepto ESG responde a las principales preocupaciones que tienen las sociedades modernas: el deterioro ambiental, la desigualdad social y la aplicación equitativa de leyes y normas. Por lo tanto, las empresas como actores sociales tienen que responder a esas preocupaciones. Si no lo hacen, ponen en riesgo su permanencia en el mercado, ya que se vuelven cada vez menos atractivas para clientes, colaboradores, proveedores y accionistas.
El darle su lugar dentro de la estrategia de la empresa, a la responsabilidad ecológica y social, acompañada de sólidos sistemas de gobernanza, hace todo el sentido para la empresa moderna de cualquier rama y de cualquier tamaño. El peso específico de cada elemento, y el esfuerzo para atenderlo, depende de cada caso. Lo importante es tener claro como involucrar a los grupos de interés y responder a sus expectativas, cuando eso aporta a mejorar los resultados de la empresa en el corto, mediano o largo plazo.
Entendemos que hay quienes que no lo ven así, como las empresas de combustibles fósiles, de fabricación de armamentos o las prisiones privadas que apoyan al gobernador DeSantis. Pero pretender detener por decreto un proceso que la mayoría de las organizaciones en todo el mundo consideran necesario y benéfico, no parece ser una apuesta ganadora.
El futuro será para las empresas y los gobiernos que saben adaptarse e incluso adelantarse a las condiciones cambiantes del entorno y de la sociedad. Cada uno escoge de qué lado quiere estar.
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ESG: ¿compromiso o complot?
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