Washington D.C., 29 de mayo de 2025.- La industria automotriz de América del Norte enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre comercial tras una reciente decisión de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos. El tribunal dictaminó que el expresidente Donald Trump no tenía autoridad legal para imponer aranceles “recíprocos” a países específicos, bloqueando así un conjunto de tarifas que habrían afectado directamente a México, Canadá, China y otras naciones.

¿Qué se declaró ilegal?

En su fallo, la Corte desmanteló la legalidad de las medidas impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA), que Trump utilizó como base para anunciar múltiples tarifas en su llamado “Día de la Liberación”. La resolución invalida:

• Los aranceles “recíprocos” por país, dirigidos a socios comerciales con los que EE.UU. tenía un déficit comercial.
• El arancel base global del 10% anunciado como reemplazo temporal durante una pausa de 90 días en abril.
• Los aranceles del 25% a importaciones desde México y Canadá, impuestos bajo el argumento de frenar el flujo de drogas ilegales.
• El arancel del 20% (posteriormente elevado al 30%) a importaciones chinas, que derivó en una guerra comercial.

Sin embargo, la corte no revocó los aranceles ya vigentes que afectan de forma directa al sector automotriz:

• Arancel del 25% a la importación de vehículos.
• Arancel del 25% a autopartes.
• Arancel del 25% al acero y aluminio.

Esto implica que, aunque la ofensiva arancelaria de Trump ha sufrido un golpe legal, las principales barreras comerciales que impactan directamente en los costos de producción y exportación del sector automotriz permanecen intactas, al menos por ahora.

Una estrategia comercial sin sustento legal

La corte fue contundente al afirmar que su decisión no se basó en la eficacia o conveniencia de los aranceles, sino en la falta de base legal en el IEEPA para otorgar al presidente facultades unilaterales de represalia comercial. En palabras del fallo:

“El uso de aranceles como herramienta de negociación no es inadmisible por ser ineficaz, sino porque la ley no permite ese uso en este contexto”.

Aunque muchos de los aranceles impugnados ya se encontraban en pausa desde abril, la administración Trump respondió de inmediato con un aviso de apelación, lo que podría escalar el caso hasta la Corte Suprema. De ser así, la industria enfrentaría meses de incertidumbre jurídica, afectando decisiones de producción, logística y nuevos proyectos de inversión.

¿Qué implica para México?

México emerge, nuevamente, como un punto de relativa estabilidad frente a un entorno global de fragmentación comercial. Mientras la guerra arancelaria estadounidense genera tensiones con Europa y Asia, el T-MEC sigue protegiendo al país frente a muchas de estas medidas. La decisión judicial refuerza además el argumento de que las represalias generalizadas carecen de sustento legal, lo que brinda cierto respaldo a las exportaciones mexicanas de vehículos, autopartes, acero y aluminio.

Más aún, la posición geográfica de México, su red de tratados y su creciente capacidad industrial —sumado al nearshoring— consolidan al país como una alternativa lógica para la relocalización de cadenas de suministro. En contraste con China, donde los aranceles de Trump sí permanecen en plena vigencia, México ofrece certidumbre jurídica, costos competitivos y cercanía al mercado estadounidense.

¿Qué pueden esperar las OEMs y proveedores?

Los fabricantes automotrices han adoptado en su mayoría un enfoque de “esperar y ver” frente a los aranceles recíprocos. Algunos han pausado envíos y otros reconsideran el rediseño de sus rutas comerciales. Si bien la eliminación definitiva de estas tarifas sería positiva para la planificación de mediano plazo, la vigencia de los aranceles estructurales (vehículos, partes, metales) seguirá afectando márgenes y decisiones de inversión aún con la posición preferencial de México, que puede reducir dichos aranceles a un 15% en el caso de los vehículos.

Hasta que la apelación se resuelva, posiblemente en la Corte Suprema, la recomendación para los actores industriales es mantener una estrategia dual: optimizar operaciones locales en México mientras se monitorean los escenarios legales y políticos en EE.UU., especialmente de cara a la revisión formal del T-MEC a finales del 2025.