Ciudad de México, 2 de diciembre de 2025.– Con el inicio de 2026, México activó una nueva política arancelaria dirigida a las importaciones procedentes de países con los que no mantiene acuerdos de libre comercio, una decisión que rompe con décadas de apertura comercial y redefine las reglas del intercambio exterior. La iniciativa fue promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por el Congreso de la Unión.

El ajuste quedó formalizado mediante un decreto publicado el 29 de diciembre, que introduce cambios en 1,463 fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE). Las mayores afectaciones recaen en mercancías originarias de China, India, Corea del Sur, Brasil y Rusia, con incrementos arancelarios que oscilan entre 5% y 50%, particularmente en productos de origen chino.

Desde la óptica del Gobierno federal, la medida busca fortalecer la industria nacional y responde también a un entorno geopolítico complejo. El objetivo es acotar la penetración de productos chinos en el mercado mexicano sin generar fricciones con Estados Unidos, en un momento clave previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y bajo un clima de presiones comerciales desde Washington, tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

El sector automotriz figura entre los más impactados. A partir de este año, los automóviles importados desde los países señalados enfrentan un arancel de 50%, frente al 20% promedio vigente hasta 2025, mientras que las autopartes registran incrementos similares. En total, nueve fracciones arancelarias corresponden a vehículos y componentes, un segmento considerado estratégico por su peso en la economía mexicana.

Los cambios no se limitan a la industria automotriz. El nuevo esquema abarca productos como cosméticos, acero, electrodomésticos, textiles, calzado, plásticos, vidrio, aluminio, papel, cartón, muebles, motocicletas, remolques, jabones, perfumes, juguetes y diversos aparatos domésticos, entre ellos estufas, hornos, lavadoras y secadoras.

De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la aplicación de estos aranceles permitirá una recaudación superior a los 70,000 millones de pesos, mientras que el efecto en la inflación sería reducido, cercano a 0.2%. La Secretaría de Economía sostiene que la política busca proteger alrededor de 350,000 empleos y sentar bases para un proceso de reindustrialización.

El decreto contempla además la posibilidad de que la Secretaría de Economía establezca mecanismos especiales para asegurar el suministro de insumos, cuando las importaciones desde países sin tratado sean indispensables para las cadenas productivas. En este contexto, especialistas recomiendan a las empresas revisar a detalle las fracciones arancelarias modificadas para anticipar ajustes en costos y logística.

Con estos cambios ya en vigor, México inicia una nueva etapa en su política comercial, marcada por un entorno internacional de tensiones y por un giro hacia una mayor protección de su industria nacional.

Con información de El Economista.