Washington, 3 de julio — El Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que marca el fin de los créditos fiscales para vehículos eléctricos (VE), decisión que tendrá efectos inmediatos en el mercado automotriz. A partir del 30 de septiembre, dejarán de estar disponibles los incentivos de 7,500 dólares para la compra o arrendamiento de VEs nuevos, así como el crédito de 4,000 dólares para unidades usadas. Estos apoyos han sido un factor clave en el impulso de ventas de automóviles eléctricos en los últimos años.
La Coalición de Electrificación, organización defensora de la movilidad eléctrica, advirtió que esta medida representa una pérdida de liderazgo global para Estados Unidos en la industria del transporte. “A medida que los vehículos eléctricos se aseguran una cuota creciente del mercado automotriz mundial, es obvio que el futuro del transporte es eléctrico; este proyecto de ley cede el papel de Estados Unidos en ese futuro a China”, declaró el organismo.
El programa de créditos fiscales para VE fue introducido en 2008 y, tras superar el límite de 200,000 vehículos por fabricante, comenzó a eliminarse. En 2022, se amplió para incluir arrendamientos y eliminar el límite por marca. Sin embargo, con esta nueva legislación, tanto el incentivo como otras medidas a favor de la electromovilidad se eliminan.
Además, el proyecto de ley elimina sanciones por incumplimiento en los déficits de Consumo Promedio de Combustible Corporativo (CPE), lo que podría beneficiar a fabricantes de autos a gasolina. Dan Levy, analista automotriz de Barclays, señaló que esta flexibilización tanto en incentivos como en regulaciones “reitera la desaceleración prevista para la penetración de los VE en EE.UU.”.
Según Levy, es probable que las ventas de autos eléctricos aumenten a corto plazo, impulsadas por compras anticipadas antes del 30 de septiembre. No obstante, prevé una fuerte caída posterior en la demanda.
Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en marzo, proyecta que la eliminación de los créditos reducirá la participación de los VEs en el mercado en un 6 % para 2030 y permitirá al gobierno ahorrar 169,000 millones de dólares en una década.
En contraste, los fabricantes tradicionales podrían obtener ventajas financieras. Stellantis, matriz de Chrysler, pagó el año pasado 190.7 millones de dólares por no cumplir con las normas de ahorro de combustible en 2019 y 2020. Entre 2016 y 2019, la empresa ya había pagado casi 400 millones en multas. General Motors también desembolsó 128.2 millones entre 2016 y 2017.
El Congreso también canceló una tarifa anual de 250 dólares que se había propuesto para vehículos eléctricos con el fin de financiar la reparación de carreteras, y eliminó el requerimiento de que el Servicio Postal de EE. UU. vendiera su flota de reparto eléctrica.
Con estas medidas, Estados Unidos redefine su política hacia la movilidad sostenible, reduciendo tanto los estímulos como las obligaciones que incentivaban el avance de los vehículos eléctricos.
Con información de Reuters
