Burgos, España. Grupo Antolin, proveedor global de la industria automotriz, formalizó su adhesión al Chapter 15 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos como parte del proceso de refinanciación de su deuda financiera que lleva a cabo en España. La medida no representa una declaración de quiebra ni un proceso de reorganización operativa, sino un mecanismo jurídico que permite proteger los activos de la empresa en territorio estadounidense mientras avanza la homologación judicial del acuerdo alcanzado con sus acreedores.

La compañía explicó que el trámite corresponde a un formalismo procesal y administrativo, previamente comunicado, cuyo objetivo es dar reconocimiento en Estados Unidos al proceso de reestructuración financiera desarrollado en España. A diferencia del Chapter 11, utilizado para reorganizaciones empresariales dentro de Estados Unidos, el Chapter 15 está diseñado para reconocer procedimientos de insolvencia o reestructuración transfronterizos y proteger los intereses de las partes involucradas mientras éstos se desarrollan en otro país.

Grupo Antolin subrayó que esta figura no implica una solicitud de quiebra, ni contempla cambios en la estructura del negocio, el cierre de operaciones o una reestructuración industrial. Asimismo, la empresa indicó que sus actividades continuarán con normalidad durante el proceso.

El fabricante inició el pasado 10 de julio un procedimiento en España relacionado con la homologación de su acuerdo de refinanciación. Posteriormente, un tribunal español aceptó la solicitud y el 20 de julio la empresa presentó la petición correspondiente ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, con el fin de extender la protección jurídica al país donde mantiene activos y operaciones.

La refinanciación corresponde a una deuda financiera de 1,250 millones de euros. De acuerdo con la información difundida por la compañía, el acuerdo fue suscrito inicialmente por Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. Posteriormente se incorporó HSBC, mientras que también se abrió la posibilidad de adhesión para los bonistas.

Además, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se sumaron recientemente al acuerdo, con lo que más del 80% del pool bancario respalda la operación, la cual permanece pendiente de homologación judicial en España.

Según documentos presentados ante la corte estadounidense y citados por Bloomberg, sin este proceso la empresa habría enfrentado dificultades para hacer frente a los vencimientos de su deuda durante los próximos dos años. La documentación también señala que la familia Antolin mantendrá el control y la gestión del negocio una vez concluida la refinanciación.

Las presiones financieras de la empresa responden a una combinación de factores que han afectado al sector automotriz en los últimos años. Entre ellos figuran el incremento en los costos de materias primas y energía, las interrupciones en la producción durante la pandemia de COVID-19, las afectaciones a las cadenas de suministro derivadas de la guerra en Ucrania y los aranceles impuestos por Estados Unidos a vehículos y componentes europeos. A ello se suma el nivel de endeudamiento asumido tras la adquisición de Magna Interiors, realizada hace una década por cerca de 500 millones de euros.

Fundada en 1950, Grupo Antolin es uno de los principales proveedores mundiales de componentes para interiores de vehículos. La empresa desarrolla soluciones para techos, puertas, revestimientos, tableros, iluminación y sistemas electrónicos, suministrando componentes para más de 500 modelos de vehículos de fabricantes como Ford, General Motors, Volkswagen, Nissan y Stellantis.

Actualmente, la compañía opera 111 plantas de producción en 23 países y emplea a más de 20,000 personas a nivel global. En Estados Unidos cuenta con 10 plantas de producción y una oficina técnico-comercial, donde laboran más de 2,100 colaboradores.

Con este proceso, Grupo Antolin busca fortalecer su estructura financiera mediante la refinanciación de su deuda y garantizar la protección jurídica de sus activos internacionales, sin afectar la continuidad de sus operaciones ni modificar su actividad productiva. El tribunal español prevé resolver la homologación del acuerdo entre finales de septiembre y octubre de 2026.