León, Guanajuato, 12 de septiembre de 2025.- En el marco del Foro de Proveeduría Automotriz 2025, Yazmín González, coordinadora en Asesoría Logística de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), presentó el taller “Actualización normativa arancelaria”, en el que ofreció un panorama detallado de los recientes movimientos en materia de aranceles a nivel internacional y su impacto en la industria automotriz mexicana. Su exposición dejó claro que el comercio mundial se encuentra inmerso en un entorno donde la incertidumbre pesa más que las cifras fijas, un factor que complica la planeación de las empresas exportadoras e importadoras.

González inició su análisis recordando que, para las compañías, conocer de antemano un porcentaje de impuesto es menos complejo que operar en un escenario cambiante. Pagar un arancel del 35% puede asumirse como un costo fijo; sin embargo, la duda de si ese arancel se reducirá al 10% o escalará al 50% representa un reto mayor, en especial para países y empresas de menor tamaño, que carecen de la capacidad de adaptación de las grandes corporaciones. Esta volatilidad, subrayó, se ha convertido en un elemento de presión más poderoso que las tarifas mismas.

El repaso de González se centró en la política comercial de Estados Unidos, donde las medidas arancelarias se han utilizado no solo como instrumento de protección económica sino también como herramienta de negociación política. Recordó que, en su primer mandato, el expresidente Donald Trump aplicó una serie de aranceles bajo distintas secciones legales —entre ellas la 301 y la 232— que posteriormente fueron retomadas y reforzadas por la administración de Joe Biden. Entre los casos más emblemáticos destacó la imposición de tarifas de hasta 200% al aluminio de origen ruso, así como la elevación de gravámenes en acero, cobre y productos que contienen estos metales, desde empaques de alimentos hasta componentes farmacéuticos.

Uno de los puntos más llamativos fue el papel del cobre, cuya recaudación por aranceles en Estados Unidos, pese a haberse iniciado apenas en agosto de 2025, ya supera a la obtenida por acero y aluminio en todo el periodo de enero a julio del mismo año. Este comportamiento, explicó, convierte a dicho metal en un insumo estratégico para la política de recaudación estadounidense. Asimismo, se han anunciado investigaciones para imponer gravámenes a sectores como la aeronáutica, los camiones de carga, los muebles e incluso los sistemas de energía eólica y drones, aunque en muchos casos no se han definido los porcentajes.

La especialista también advirtió que la eliminación del mecanismo conocido como “de minimis”, que permitía el envío de pequeñas muestras o piezas sin un procedimiento aduanero formal, modifica de raíz la operación de muchas empresas, en especial las que participan en comercio electrónico. A partir de ahora, incluso un simple lápiz requiere un “entry summary” formal y el pago de impuestos, salvo que se demuestre que el producto está amparado por un tratado de libre comercio como el T-MEC. Este cambio, sostuvo, busca frenar los llamados “embarques hormiga” y representa un reto adicional para las compañías que solían utilizar esa vía para mover mercancía de bajo valor.

González explicó que el uso de los aranceles en Estados Unidos va más allá de equilibrar déficits comerciales: se han convertido en una herramienta de presión política para temas tan diversos como migración o combate al fentanilo. En este contexto, México enfrenta aranceles recíprocos y específicos ligados a estos asuntos. Ejemplo de ello son los gravámenes del 25% impuestos a partir de febrero de 2025, que han tenido ajustes posteriores y cuyo futuro depende de negociaciones políticas en curso. Incluso, señaló que existen plazos de hasta 90 días para definir si ciertos aranceles se mantienen o se eliminan, lo que incrementa la incertidumbre para los exportadores.

En el ámbito de la industria automotriz, la ponente subrayó que los semiconductores se han vuelto un tema de alta sensibilidad. Documentos de la administración Biden ya habían establecido que, a partir de 2027, el software y hardware de origen chino o ruso no podrá integrarse a los vehículos, mientras que la nueva política de Trump busca imponer aranceles directos a estos componentes. Detrás de esta decisión hay una preocupación por la seguridad de los datos: la información generada por los vehículos —rutas, paradas, patrones de uso— es considerada un recurso estratégico que debe protegerse de países potencialmente hostiles.

Otro elemento clave en la actualización normativa es el capítulo laboral del T-MEC, reforzado en los últimos años. González señaló que ahora basta con una sola denuncia para que la Secretaría del Trabajo de México, en coordinación con autoridades estadounidenses, inicie inspecciones que verifiquen el cumplimiento de las normas laborales en toda la cadena de suministro. Esto implica que las empresas no solo deben garantizar prácticas laborales adecuadas en sus propias plantas, sino también vigilar de manera documentada a sus proveedores nacionales y extranjeros. La falta de evidencias puede derivar en la pérdida de beneficios arancelarios e incluso en la aplicación de tarifas punitivas del 25%.

El taller dejó claro que el escenario arancelario internacional exige a las empresas mexicanas una preparación mucho más rigurosa. La combinación de políticas proteccionistas, tensiones geopolíticas y nuevas exigencias laborales y de origen plantea un panorama en el que la estrategia no puede basarse únicamente en la negociación de precios o en la calidad del producto. Las compañías que deseen mantener su competitividad deberán reforzar sus procesos de cumplimiento normativo, revisar a detalle la procedencia de sus insumos y asegurarse de que toda su cadena de valor cumpla con las reglas del T-MEC. En un entorno donde la única certeza es la incertidumbre, la capacidad de adaptación se convierte en la mejor herramienta para enfrentar un comercio global cada vez más politizado y regulado.

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