Ciudad de México, 31 de octubre de 2024 – La Secretaría de Economía (SE) presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un expediente para solicitar la Exención de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) con el objetivo de emitir un Decreto que regule la importación definitiva de vehículos usados en México. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha expresado su respaldo a esta iniciativa y ha instado a las autoridades a avanzar en la publicación del decreto.
La propuesta de la SE tiene como meta proporcionar certeza jurídica para los importadores de vehículos usados procedentes del extranjero, incluyendo el requisito de presentar un certificado de origen o documento comprobatorio expedido por la armadora del vehículo. Esta regulación también establece una tarifa arancelaria de 1% para autos entre cinco y nueve años de antigüedad y un 10% para aquellos con más de una década de uso. Adicionalmente, el decreto prohíbe la importación de vehículos que, en su país de origen, tengan restricciones de circulación o no cumplan con normas ambientales y de seguridad.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, afirmó que esta medida responde a problemáticas económicas, ambientales y fiscales relacionadas con la importación de autos usados. “El decreto proporciona una vía para un comercio ordenado y legal de vehículos usados, en lugar de fomentar el contrabando y la regularización de automóviles sin origen claro”, señaló. Según Rosales, la ausencia de una regulación específica podría derivar en un descontrol en la recaudación fiscal y en la identificación de importadores, lo que, advierte, podría facilitar actividades ilegales.
Este nuevo decreto contrasta con las acciones de la administración anterior, que extendió hasta septiembre de 2026 un programa de regularización de autos usados de procedencia extranjera. La AMDA subrayó la importancia de mantener un decreto específico para evitar lagunas que permitan la simulación de reglas de origen, un tema crítico en el marco del T-MEC. La asociación considera que esta simulación sin un análisis riguroso podría incentivar la corrupción entre funcionarios públicos, además de incrementar el riesgo de lavado de dinero y crimen organizado en la comercialización de estos vehículos.
La regulación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca estructurar un sistema que, además de asegurar el cumplimiento de normativas fiscales y de seguridad, facilite un comercio más transparente en el sector automotriz de segunda mano.
La propuesta de la SE tiene como meta proporcionar certeza jurídica para los importadores de vehículos usados procedentes del extranjero, incluyendo el requisito de presentar un certificado de origen o documento comprobatorio expedido por la armadora del vehículo. Esta regulación también establece una tarifa arancelaria de 1% para autos entre cinco y nueve años de antigüedad y un 10% para aquellos con más de una década de uso. Adicionalmente, el decreto prohíbe la importación de vehículos que, en su país de origen, tengan restricciones de circulación o no cumplan con normas ambientales y de seguridad.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, afirmó que esta medida responde a problemáticas económicas, ambientales y fiscales relacionadas con la importación de autos usados. “El decreto proporciona una vía para un comercio ordenado y legal de vehículos usados, en lugar de fomentar el contrabando y la regularización de automóviles sin origen claro”, señaló. Según Rosales, la ausencia de una regulación específica podría derivar en un descontrol en la recaudación fiscal y en la identificación de importadores, lo que, advierte, podría facilitar actividades ilegales.
Este nuevo decreto contrasta con las acciones de la administración anterior, que extendió hasta septiembre de 2026 un programa de regularización de autos usados de procedencia extranjera. La AMDA subrayó la importancia de mantener un decreto específico para evitar lagunas que permitan la simulación de reglas de origen, un tema crítico en el marco del T-MEC. La asociación considera que esta simulación sin un análisis riguroso podría incentivar la corrupción entre funcionarios públicos, además de incrementar el riesgo de lavado de dinero y crimen organizado en la comercialización de estos vehículos.
La regulación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca estructurar un sistema que, además de asegurar el cumplimiento de normativas fiscales y de seguridad, facilite un comercio más transparente en el sector automotriz de segunda mano.
Recibe las noticias más
importantes de la industria en tu email
