CDMX, 18 de octubre de 2024.- Acabamos de pasar un punto crucial para definir el rumbo del
sexenio que inicia y bajo los reflectores del cambio de gobierno, la reforma al
Poder Judicial, los escándalos de seguridad y las elecciones en Estados Unidos,
este punto de inflexión en las políticas públicas ha pasado a un papel
secundario. Se trata de la reciente reforma energética aprobada bajo el
gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y
Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la reforma
constitucional. El 17 de octubre esta fue aprobada con 86 votos a favor, 39 en
contra y una abstención, así los órganos legislativos dieron su respaldo a la
minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República, para
modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política. En palabras
del Senado,
dicha reforma “busca fortalecer las capacidades del Estado en el sector
energético y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible”.
La reforma pasará ahora a ser evaluada por los congresos de los estados, en los
que se espera también sea aprobada debido a la mayoría de gobiernos alineados
al oficialismo.
Entendido de otra forma, tiene como objetivo principal
fortalecer la soberanía energética de México y consolidar el papel del Estado
en el sector. En lo particular, el dictamen elimina del texto
constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo
sustituye por el de “empresas públicas del Estado”. Esta reforma
plantea una serie de modificaciones que pueden tener efectos significativos
para la industria de manufactura automotriz en el país, especialmente en lo
que respecta a la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y
el impacto en los costos de producción para las plantas de ensamblaje.
En última instancia, la Cámara de Diputados eliminó un
párrafo de la reforma que hacía referencia a la transición energética. Al
respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: 'Si hubiera quedado
como tal el párrafo podría darse la situación de que si uno pone un panel
fotovoltaico en su casa estuviera prohibido. Entonces, lo que decidimos es que
esa parte quede en las leyes secundarias'. Sheimbaum apuntó que el objetivo
es que la CFE tenga un 54% de la generación y el resto lo puedan proveer
empresas privadas con reglas muy claras. Las leyes secundarias serían
discutidas en próximos meses para incluirse en una reforma a la Ley de la
Industria Eléctrica.
Expertos apuntan a que México necesitaría 90,000
megawatts en los próximos 15 años para cumplir con las exigencias del sistema
eléctrico nacional, es decir el doble de lo instalado hoy, y además, para
entonces el 90% debería provenir de fuentes de energía limpia, un reto
por demás insólito, puesto que actualmente la proporción de energía limpia es
de tan solo 24.3% en el caso de la CFE, que se propone con la reforma sea
el principal productor de energía. Al considerar la participación actual del
sector privado, la generación de energías limpias se eleva a 31.4%, por
debajo de la meta de 35% que se planteó para 2024 y que ahora Sheinbaum
ha establecido en 45% para 2030 al fin de su gobierno.
Hablando de costos, la administración Sheinbaum ha propuesto
que los precios de la electricidad, gas doméstico, gasolinas, diésel, etcétera,
no suban en términos reales durante el sexenio 2025-2030. CIAL
Insights informó recientemente que durante el sexenio 2019-2024 dichos precios
subieron por debajo de la inflación nacional, más notoriamente en el caso del
gas doméstico (0,2% promedio anual).
PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA Y SU POSIBLE IMPACTO EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
- Transición
hacia energías renovables: La reforma busca reducir la dependencia de
los combustibles fósiles mediante la expansión de fuentes renovables como
la energía solar y eólica, incluyendo la construcción de nuevas plantas
fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas y geotérmicas, según los planes
previamente anunciados por el equipo de la nueva presidenta. Este cambio
puede ser positivo desde el punto de vista ambiental, pero podría
incrementar los costos energéticos en el corto plazo debido a la enorme inversión
(calculada en hasta 40 mil millones de dólares) en infraestructura y la
reestructuración de la red eléctrica nacional. Para la industria
automotriz, que consume una gran cantidad de energía, esto podría
traducirse en un aumento en los costos operativos por un periodo de
tiempo, afectando la competitividad de las plantas de manufactura en
el país.
- Control
estatal y regulación del litio: Otro aspecto importante de la reforma
es el control estatal sobre el litio, que será reservado exclusivamente
para el uso del Estado, con el objetivo de asegurar su disponibilidad para
la transición a vehículos eléctricos (EVs). Este enfoque podría influir en
la cadena de suministro de baterías de litio, un componente esencial para
la industria automotriz. Si bien puede ayudar a asegurar el suministro
interno, también podría limitar la participación de inversionistas
privados y generar incertidumbre sobre la capacidad de México para
satisfacer la demanda global de litio. Aquí es donde entra el Plan Sonora y
el proyecto de vehículo eléctrico mexicano Olinia, que promete ser una
opción asequible para el mercado local y que de ponerse en marcha
necesitaría de la cadena de suministro de la industria automotriz nacional
para ser exitoso.
- Fomento
de la eficiencia energética: La reforma pone un fuerte énfasis en la
eficiencia energética y en la disminución de la intensidad energética, que
podría beneficiar a largo plazo a la industria automotriz. Un consumo
energético más eficiente podría ayudar a reducir los costos de producción,
algo crucial para las plantas de ensamblaje y fabricación de autopartes.
Sin embargo, lograr estos niveles de eficiencia requerirá inversiones
significativas en tecnología, lo cual representa un desafío financiero
para las empresas en el corto plazo.
- Impacto
del nearshoring y reubicación de la cadena de suministro: Con México
posicionado como un hub estratégico en la cadena de suministro global, la
reforma se alinea con el interés en atraer inversión extranjera directa a
través de nearshoring, es decir, la reubicación de procesos productivos
cerca de los mercados finales. Este enfoque tiene el potencial de
fortalecer el papel de México en la industria automotriz de Norteamérica,
especialmente en el contexto de la electrificación de vehículos. Al
mejorar, en teoría, la infraestructura energética y reducir las barreras
para la inversión en energías renovables aún cambiando la balanza entre
generación pública y privada, México podría atraer más empresas
automotrices que buscan cadenas de suministro confiables y sostenibles.
Por supuesto, del papel a la escena las cosas pueden ser muy
distintas, y mientras la reforma energética de Claudia Sheinbaum promete
oportunidades para modernizar el sector energético y fortalecer el papel de
México en la industria automotriz global, también presenta retos que podrían
influir en los costos y la competitividad del sector a corto y mediano plazo.
Las plantas de manufactura automotriz deberán adaptarse a las nuevas
regulaciones que emanen de las leyes secundarias y aprovechar las oportunidades
de inversión en eficiencia y sostenibilidad para mantener su posición en el
mercado. Muchas de estas consideraciones están contempladas en el decálogo
que AMIA presentó al gobierno de Sheinbaum recientemente.
¿Y qué hay del mercado interno de vehículos internos?
No olvidemos que entre las promesas de Claudia Sheinbaum ha estado la de tener incentivos
específicos para la compra de vehículos eléctricos como parte de su plan para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la transición
hacia tecnologías de movilidad más sostenibles. Estos incentivos podrían
incluir créditos con tasas de interés preferenciales para la adquisición
de vehículos eléctricos, así como posibles exenciones fiscales para
fabricantes y compradores que se comprometan con esta tecnología o estímulos
para la integración con infraestructura de generación doméstica de energía
solar para recarga de estos vehículos.
El objetivo es no solo facilitar la adopción de vehículos
eléctricos por parte de los consumidores, sino también incentivar a las
armadoras para que aumenten su producción de EVs en México. Esto es
especialmente relevante en el contexto de la industria automotriz, ya que
muchas plantas de ensamblaje están adaptando sus operaciones para producir
vehículos eléctricos hacia el final de la década y cumplir con las regulaciones
ambientales internacionales de los países hacia los que exportamos automóviles.
Esta tendencia de inversión probablemente beneficiará
particularmente a las zonas con alta demanda industrial y de infraestructura
logística, como el Bajío (Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí),
el norte del país (Nuevo León y Coahuila), y el estado de Sonora
debido a su papel en el Plan Sonora, enfocado en la generación de energía
solar y extracción/transformación del litio. Que no nos sorprenda si en
próximos años aparecen nuevas plantas armadoras de vehículos en el estado de Sonora
que acompañen a la exitosa planta de Ford en Hermosillo, que se ha convertido
en la
más eficiente y productiva del país relativa a su capacidad instalada.
En general, una reforma energética con leyes secundarias claras
y bien aplicadas, debería provocar que las zonas con capacidad para generar
energía renovable y producir vehículos con cadenas consolidadas, como el Bajío,
Sonora y el norte del país, se conviertan en polos de atracción para las
armadoras de vehículos eléctricos, fomentando la creación de empleos y el
fortalecimiento de la cadena de suministro automotriz.
Redacción: Adrián Martínez, editor de Cluster Industrial.
Con información del Senado, CIAL Insights, AMIA, CENACE.
Recibe las noticias más
importantes de la industria en tu email
