La resolución ha sido que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se asegurará de que la empresa pague íntegramente los salarios atrasados y las prestaciones a algunos trabajadores y proteja los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.
También, México deberá asegurarse de que los trabajadores serán reinstalados en sus puestos anteriores, con el mismo título, funciones, condiciones de trabajo y prestaciones que tenían al momento de su separación de la empresa. El plan de remediación establecerá un enfoque holístico para garantizar que los trabajadores puedan ejercer libremente su derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.
Entre las medidas que establece el Gobierno de México se encuentran: restablecer y proporcionar salarios retroactivos y completos, junto con beneficios para los trabajadores; pagar la indemnización completa a aquellos que opten por ella en lugar de la reinstalación; implementar una declaración de neutralidad y directrices empresariales sobre libertad de asociación y negociación colectiva, incluyendo una política de tolerancia cero ante las violaciones; y mantener copias de la declaración de neutralidad, lineamientos de la empresa, materiales de capacitación relacionados, convenio colectivo e información sobre cómo los trabajadores pueden presentar quejas ante la empresa.
El Gobierno de México también apuntó que llevará a cabo una capacitación presencial sobre los derechos de los trabajadores para el personal de la empresa y distribuirá materiales informativos en las instalaciones sobre la libertad de asociación y la negociación colectiva.
Al respecto, Volkswagen de México manifestó en un comunicado en redes sociales:
“Volkswagen tiene un sólido historial de trabajo productivo con los sindicatos. Aunque Volkswagen respeta, y siempre ha respetado, los derechos de sus trabajadores a la libertad de asociación y negociación colectiva, ha acordado una serie de acciones en este caso para reforzar el compromiso de la empresa para proteger los derechos sindicales”.
México y Estados Unidos acordaron establecer como fecha límite el 9 de agosto de 2024 para completar las medidas correctoras.