El Prodesen, un documento indicativo obligatorio con visión 2023-2037 publicado por la Secretaría de Energía hace un mes, indicó que México había alcanzado la meta de 31.2% de generación eléctrica limpia en 2022. Sin embargo, esta cifra incluyó la energía generada en plantas de ciclos combinados a gas natural, lo que no es aceptado como energía limpia por la Ley de Transición Energética y por los compromisos internacionales con las Naciones Unidas.
La CRE emitió el Acuerdo A/018//2023 para cambiar la definición de energía limpia, pero tres jueces distintos han concedido suspensiones a dicho acuerdo, lo que lo deja sin efecto. Aunque no se requiere una corrección oficial, el Prodesen permanecerá vigente hasta su nueva publicación en 2024.
Los jueces especializados en competencia económica Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro otorgaron suspensiones definitivas al acuerdo, siendo el fallo del magistrado Gómez Fierro con efectos generales. Se argumenta que el acuerdo podría violar la Ley de Transición Energética al considerar como limpia la energía generada con el vapor de ciclos combinados, que en última instancia se deriva de la quema de gas natural, un combustible fósil.
El Prodesen, como un instrumento indicativo para el sector eléctrico, ha sido objeto de críticas debido a la falta de planeación y ajustes que se han hecho para cumplir con las nuevas visiones del gobierno. Esto ha generado incertidumbre entre los actores del sector y ha llevado a cuestionar la veracidad de los cálculos presentados por la Secretaría de Energía.
Tanto organizaciones no gubernamentales como empresas han presentado juicios de amparo contra el acuerdo de la CRE. En el caso de la empresa Avant Energías Renovables, se le otorgó una suspensión definitiva para evitar la emisión de certificados de energía limpia (CEL) a los ciclos combinados, lo que podría inundar el mercado y afectar a generadores de energía renovable.
El sector energético en México se enfrenta a una situación política y económica compleja, donde la incertidumbre prevalece debido a las constantes modificaciones en la planeación y los cambios en los datos obtenidos. Se espera que las sentencias de los juicios de amparo determinen el rumbo del Prodesen, aunque se reconoce que la incertidumbre actual puede persistir hasta 2024.