Sindicatos de los Estados Unidos presentan primera queja formal contra México bajo el T-MEC

Washington, Estados Unidos, 10 de mayo del 2021.- La primera queja formal ante el gobierno estadounidense por malas prácticas salariales en México ha sido presentada. La mayor federación de empleados sindicalizados en el país del norte, la unión AFL-CIO, fue la encargada de presentar la queja por incumplir normas incluidas en el T-MEC.

Desde que está vigente, expertos apuntaban a que el T-MEC tendría como resultado y desventaja para México la presentación de estas controversias. Las normas del tratado otorgan un mayor poder de decisión a los trabajadores sindicalizados y también impulsan la adopción de mejores salarios de hasta 16 dólares la hora.

La queja en sí, según Reuters, quien tuvo acceso a la misma, reporta que la planta maquiladora de autopartes Tridonex en Matamoros, Tamaulipas negó la representación independiente a sus empleados.

Desde 2019, la planta propiedad de Cardone Industries despidió a unos 600 trabajadores, presuntamente como represalia en contra de un movimiento interno para cambiar de sindicato a uno independiente, liderado por la activista Susana Prieto. Según la misiva, la empresa obstaculizó el proceso de la unión de trabajadores, mientras que las autoridades laborales de Tamaulipas nunca convocaron a las elecciones libres y secretas, como marcan las normas del T-MEC.

El 'Mecanismo de Respuesta Rápida' del T-MEC posibilita que las empresas en México y Estados Unidos puedan enfrentar multas y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.

La petición de la AFL-CIO es la primera que se pone en práctica desde la entrada en vigencia del tratado por lo que sienta un precedente. La Oficina de Asuntos Laborales y Comerciales de los Estados Unidos, tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.

Luego, funcionarios mexicanos trabajarían con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos de la remediación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo máximo de cinco meses.