El sector automotor, acompañado del Consejo Coordinador
Empresarial y la CONCAMIN, manifestó en conferencia de prensa su rechazo a la
aprobación que el día de ayer realizó la Cámara de Diputados en favor de la
legalización de los vehículos de contrabando.
Esto en el contexto originado por la inclusión de un artículo
transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020,
el décimo quinto, mediante el que se manda al Congreso formular una Ley para
regularizar los llamados vehículos ‘chocolate’. Propuesta que fue rechazada por
el Senado de la República al revisar la minuta originada en la Cámara de
Diputados. Sin embargo el día de ayer los diputados ratificaron su decisión y
ahora el Senado deberá votar en definitiva su rechazo o aprobación.
Al respecto Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, dijo que se sienten enormemente preocupados porque una
vez más en la Cámara de Diputados se avaló una decisión que claramente fomenta
la ilegalidad.
“Nos parece que decisiones de esa naturaleza cuando estamos
tratando de construir un país donde las leyes prevalezcan, donde todos tengamos
que obedecer el mandato de la legislación y al mismo tiempo los creadores de
las leyes, en este caso la Cámara de Diputados, vuelvan a insistir en la legalización
de vehículos, dando la promesa de que esta situación puede ser regularizada en
el futuro, nos parece fuera de proporción, de contexto y nos causa
preocupación”, explicó.
Por su parte, Eduardo Solis, Presidente de la AMIA, recalcó
el rechazo de la industria a que se legisle para legitimar lo que es ilegal.
'El contrabando no puede legitimarse a través de cambios en leyes',
apuntó.
En su momento Guillermo Prieto Treviño, Presidente de la
AMDA, manifestó que es necesario que los Senadores reiteren su negativa a
regularizar los vehículos de contrabando debido al impacto negativo que tendría
en el mercado automotor, el cual se encuentra en crisis con resultados
negativos durante los últimos tres años, así como en la disminución de la recaudación
fiscal que se causaría si las ventas de vehículos nuevos cayera 30% respecto al
momento actual; tan sólo el impactó en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que
se dejaría de causar se estima en más de 50 mil millones de pesos. En el mismo
tenor, el representante de los distribuidores de vehículos enfatizó que la
regularización de vehículos ilegales provocaría una disminución de hasta 20 mil
puestos de trabajo en la red de distribuidores automotrices.
Eduardo Solís Sánchez, Presidente de la AMIA, ratificó la
postura del sector automotor de mantener los espacios de diálogo con el
Congreso y el Ejecutivo para que por medio de los instrumentos jurídicos de los
que dispone el Gobierno Federal se den facilidades administrativas para que los
vehículos que ingresaron al país sin cumplir las formalidades del procedimiento
aduanero, puedan hacerlo cumpliendo los requisitos que marca el Decreto que
regula la importación definitiva de vehículos usados.
CONCAMIN, ANPACT e INA manifestaron la convicción del sector
privado para que se cumpla la ley y no se promueva la regularización de
vehículos ilegales. Se prevé que el próximo martes 5 de noviembre la Cámara de
Senadores someta a votación el polémico artículo décimo quinto transitorio de
la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
Al respecto los representantes del sector automotor, CCE y
CONCAMIN reiteraron su llamado a los Senadores para desechar la propuesta de
regularizar los vehículos ilegales.
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