Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- Cada inicio de año se insiste en la disciplina individual como motor de avance profesional. Sin embargo, este avance no depende solo de voluntad, sino de condiciones estructurales que determinan quién puede participar y sostener su crecimiento en el mercado laboral.

En México, esas condiciones siguen siendo restrictivas para millones de mujeres, lo que limita su participación y su capacidad de generar patrimonio. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 67% de las mujeres en edad laboral participa en la economía en países miembros de la OCDE, mientras que en México la cifra es de 46%. Esto implica 29 millones1 de mujeres permanecen fuera del mercado laboral debido a barreras como la falta de servicios de cuidado, la inseguridad, la informalidad y las brechas educativas.

“El avance profesional no depende solo del esfuerzo individual. Depende de estructuras claras, incentivos alineados y reglas transparentes. Cuando esas condiciones faltan, el talento —particularmente el femenino— se frena y limita el crecimiento”, señala Ivonne López Vázquez, CEO y fundadora de Estimada Rebel.

El acceso a la educación superior no garantiza autonomía económica. En México, 54.4% de las personas graduadas son mujeres, pero solo 47% participa en el mercado laboral. El problema no termina en el aula: continúa en las reglas, incentivos y condiciones del mercado de trabajo.

La desigualdad territorial aumenta esta desconexión. En entidades como Ciudad de México más de un tercio de las mujeres de 25 años y más cuenta con estudios de educación superior, mientras que en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas la proporción no alcanza dos de cada diez, lo que limita su acceso a empleos formales y de mayor productividad.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que, si México alcanzara la participación femenina promedio de la OCDE, el PIB podría aumentar en 6.9 billones de pesos hacia 2035. Alcanzar ese promedio implicaría incorporar aproximadamente 18.6 millones de mujeres adicionales al mercado laboral. En promedio, las entidades incrementarían su PIB en 4.9%, y en estados como Chiapas el impacto podría alcanzar hasta 21%.

Entre 2000 y 2022, el incremento en la participación económica femenina explicó 0.37 puntos porcentuales del crecimiento anual del PIB per cápita en países de la OCDE, más del doble de la contribución atribuida a los hombres3.

El Banco Mundial ha señalado que la plena incorporación de las mujeres a la economía impulsa la productividad, fortalece el crecimiento y contribuye a reducir la pobreza al ampliar la base laboral y el ingreso de los hogares.

Ese potencial no se activa de forma automática. Se construye —o se limita— dentro de las organizaciones. El entorno corporativo exige rendimiento sostenido y productividad creciente. Sin embargo, pocas empresas revisan si sus estructuras permiten sostener ese rendimiento cuando el trabajo de cuidados sigue recayendo de forma desproporcionada en las mujeres o cuando los procesos de promoción carecen de transparencia.

Las reglas organizacionales influyen en la permanencia y desarrollo del talento femenino. Interpretar el desgaste como un problema individual implica perder talento y continuidad; revisar incentivos y políticas de corresponsabilidad fortalece la competitividad.

“La participación económica de las mujeres no es una agenda paralela. Es una política de desarrollo económico. Postergarla tiene implicaciones directas en la competitividad del país y en la sostenibilidad de las empresas”, recalca López Vázquez.

En un entorno de bajo crecimiento, ignorar este potencial implica renunciar a productividad, inversión y desarrollo.