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CARGA REGULATORIA Y FISCAL HARÁ COMBUSTIBLE MÁS CARO: GASOLINEROS

De adelantarse la liberación del precio, estaciones de servicio demandan que se haga en todo el país y no por regiones, pero alertaron sobre la falta de condiciones para competir.

07 Octubre 2016

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Adelantar la liberación del precio de las gasolinas sin aligerar la carga regulatoria y fiscal sobre el sector y sin mejorar la infraestructura de transporte traerá como consecuencia un incremento en los precios de los carburantes el próximo año, coincidieron empresarios gasolineros del país.

“Solicitamos a esta soberanía establecer una regulación más clara y que otorgue certidumbre jurídica, previo a avanzar a un nuevo modelo en el que será el mercado el que fije los precios con base en la oferta y la demanda”, dijo José Carlos Femat Romero, director de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional).

Al dirigirse a los legisladores —próximos a discutir la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2017, que plantea adelantar del 2018 al 2017 la liberación del precio de los carburantes—, el dirigente se pronunció por la libre flotación de precios, pero en condiciones de competencia efectiva.

“La liberalización de precios es un paso necesario (...) que permitirá que los empresarios desarrollen proyectos que generen una mayor inversión en la infraestructura de la cadena de valor del sector. Por ello, consideramos que, idealmente, debería instrumentarse de manera total; es decir, que se busque una liberalización sin regiones”, demandó.

Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el análisis de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2017, el directivo expresó que los empresarios están preocupados con el nivel que podrán alcanzar los precios en el futuro. La liberación trae grandes implicaciones, pero falta desarrollar las condiciones para detonar inversiones en almacenamiento, distribución, transporte y venta de petrolíferos, dijo.

Entrevistado por separado, Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), dijo que las condiciones actuales del mercado mexicano no permiten una competencia entre regiones y entre empresas, pues falta tanto infraestructura como definiciones de básicas para abrir el mercado.

Explicó que la liberación implicaría poner fin al estímulo fiscal que la Secretaría de Hacienda aplica a la cuota de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que elevará los precios de las gasolinas.

Hasta la fecha, Hacienda no ha cobrado completa la cuota de IEPS porque el precio del combustible se ha incrementado y el aumento en el precio está topado por una banda de 3%, de manera que pagar el IEPS completo significa un pago de impuestos mayor en 33% al consumo de combustibles, dijo el presidente de Amegas.

Explicó que una eventual liberalización de precios sumada a los criterios para aplicar el IEPS a los combustibles van a disparar el precio de la gasolina y el diesel hasta 18 pesos por litro.

Piden cambios

Para mejorar el clima de negocios rumbo a un régimen de precios libres, los gasolineros proponen que los avisos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por la modificación del precio de venta al público se realicen una vez que sean modificados, no 30 minutos antes, a fin de privilegiar la transparencia y se fortalezca la competencia en el mercado.

Otro cambio es evitar la sobrerregulación porque se pide enviar diariamente a la CRE los volúmenes comprados y vendidos, y los precios de adquisición cuando esta información ya se envía por medio de los controles volumétricos.

“Enviar el mismo tipo de reportes diarios a dos autoridades distintas (CRE y SHCP) generaría sobrerregulación y una carga administrativa significativa para las estaciones de servicio”, expresa. Igualmente, solicitan revisar las disposiciones por el uso de marcas y logotipos; lo que piden es que su uso sea acordado entre los particulares. “El sector gasolinero propone que la ley prevea exhibir las marcas sólo si las relaciones contractuales y comerciales entre las partes así lo permiten”, pidió.

Con respecto a la máxima visibilidad de los precios, la organización dice que la iniciativa no toma en cuenta la inversión en infraestructura que se debe realizar en caso de aplicarse.

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