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A UNA SEMANA DE LA PRIMERA PIEDRA, LA SDES NO HA FINALIZADO CON TRÁMITES DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DE TOYOTA

A dos meses de que el gobierno federal publicó el decreto de expropiación de 116.96 hectáreas de los ejidos de Caleras de Ameche y la Norita, donde se instalará la empresa Toyota, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) aún no ha solventado las observaciones para acreditar el pago de las tierra ante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

09 Noviembre 2016

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El responsable de realizar las operaciones para la acreditación de tierras es el Subsecretario de Atracción de Inversiones, Franco Herrera, quien atendió el apercibimiento para acreditar los pagos directos a los ejidatarios. No obstante, aún hay observaciones y documentos que se requieren por ley.

Faltando unos días para la instalación de la primera piedra de Toyota, en Apaseo el Grande, el gobierno del estado no ha logrado completar las 607 hectáreas de terreno que donará a la empresa japonesa. Hasta hoy el Registro Agrario Nacional, mantiene el status “decreto presidencial sin ejecutar”, sobre 116.96 hectáreas.

Aun así, el gobernador Miguel Márquez, aseveró ayer que está todo bajo control y que se podrán entregar las hectáreas prometidas a la empresa.

Decretos sin ejecutar

El 5 de septiembre de este año, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto expropiatorio de 112.39 hectáreas del ejido de Caleras de Ameche y de 4.57 hectáreas de La Norita.

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó que el gobierno de Guanajuato debe pagar 55.41 pesospor metro cuadrado en el caso de los terrenos de Caleras de Ameche y 58.30 pesos por metro cuadrad por el metro cuadrado de La Norita.

En el caso de Caleras de Ameche, las 112.39 hectáreas se distribuyen en 23 parcelas que hasta ahora pertenecen a 19 propietarios. En total, el gobierno del estado debe pagar 62 millones, 284 mil 333 pesos por estas tierras.

Mientras que en La Norita, las 4.57 hectáreas corresponden a tierra comunal y por ellas, el gobierno de Guanajuato debe desembolsar la cantidad de 2 millones 668 mil 855 pesos.

De acuerdo con la Ley Agraria, para que un trámite de expropiación pueda ser concluido, la administración pública federal o la entidad obligada (en este caso del Estado de Guanajuato), tiene que comprobar que se concluyó el pago de afectaciones; mismo que se hará a través del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) o de manera directa a los afectados.

“Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente”, dice el artículo 94 de la Ley Agraria.

Pese a las facilidades que ofrece que el pago se realice directamente ante el Fifonafe, el gobierno de Guanajuato tomó la determinación de realizar los pagos de manera directa a los afectados.

“Si el monto indemnizatorio es depositado en una institución bancaria o se realiza el pago de la indemnización de forma directa al núcleo agrario, la promovente asume la responsabilidad del pago oportuno y directo. La promovente estará obligada a dar aviso al FIFONAFE, dentro del término de treinta días hábiles una vez efectuado el pago”, cita el Artículo 82 de la Ley Agraria.

Sin embargo, la información proporcionada por el Registro Agrario Nacional (RAN) demuestra que el gobierno de Guanajuato no ha comprobado el pago directo a los afectados, por lo que el decreto expropiatorio continúa sin ejecutarse.

FUENTE: Zona Franca

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