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Ayer, en la Universidad Iberoamericana de León, un panel de expertos en temas relacionados con la migración, economía, política y comunicación explicaron su puntos de vista respecto a los primeros 30 días del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde destacaron que quiere cumplir sus promesas (muchas contra México) sin tener una idea clara de cómo funciona la política.

17 Febrero 2017

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ALERTA

Ayer, en la Universidad Iberoamericana de León, un panel de expertos en temas relacionados con la migración, economía, política y comunicación explicaron su puntos de vista respecto a los primeros 30 días del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde destacaron que quiere cumplir sus promesas (muchas contra México) sin tener una idea clara de cómo funciona la política.

En el panel estuvieron el coordinador del Programa de Migración, John Wendelin Nowell; el coordinador del Doctorado en Administración, Eddie César Villegas Zermeño; la directora del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas, Mirna Bañuelos Hernández; el investigador social, David Martínez Mendizábal, integrante del Departamento de Investigación y Posgrado. Todos ellos colaboran con la Universidad Iberoamericana de León.

Hubo una coincidencia entre los panelistas sobre la obsesión que tiene Donald Trump por cumplir lo que ofreció en su campaña política y que tiene que ver, en el caso de México, con su nueva política migratoria, de seguridad y comercial, que son las que tendrían mayor impacto en nuestro país si se llevan a cabo.

Aunque también fue evidente el peligro que representa que se cumplan sus promesas sin tomar en cuenta los derechos humanos de los inmigrantes y las repercusiones que tendrían en el ámbito económico y social, en especial en las familias de origen mexicano.

En este último tema, se planteó la preocupación que existe de los inmigrantes guanajuatenses en Estados Unidos porque viven una constante zozobra, producto de una nueva política que hace crecer su angustia, no porque sean criminales, como presume Trump, sino por su simple fisionomía.

A este planteamiento que hacen los investigadores y académicos de la Universidad Iberoamericana de León, se suman las estimaciones que hicieron ayer los funcionarios federales responsables de las delegaciones del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que según sus cálculos, una cuarta parte de los guanajuatenses que viven allá, se estima que hay un millón 800 mil de personas, estarían en riesgo de ser deportados, de prosperar las nuevas políticas de migración del régimen Trump.

El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jorge Mendizábal; la encargada de despacho del Instituto Nacional de Migración, Mireya Topete dieron algunos datos poco conocidos de los trámites que realizan los migrantes guanajuatenses como la atención a 125 mil connacionales a través del programa paisano o la atención de mil 118 peticiones de protección consular en los rubros migratorios, civiles, laborales, penales y administrativos.

Otras cifras indican que el año pasado el promedio mensual de deportaciones fue de mil 174 casos en Guanajuato; que en enero de 2017 apenas fueron 886 casos; que los deportados son originarios de León, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Miguel de Allende, Irapuato y San Felipe. También que apenas hay un presupuesto de 20 millones de pesos para atender a los guanajuatenses a través del Fondo de Atención al Migrante.

Frente a esta preocupación y realidad de los migrantes guanajuatenses, ayer en Estados Unidos se promovió una campaña denominada “Un día sin Inmigrantes” para hacer sensibles a los estadounidenses del peligro que representan las políticas de Trump en una nación democrática que se forjó de lo que hoy repudia su presidente.

ADMINISTRATIVAS

La Fracción del PAN en el Congreso del Estado sostuvo que sí hay responsabilidades administrativas de quienes integraron el gobierno municipal anterior, en especial quienes integraron la Comisión de Medio Ambiente Sustentable y la Comisión Técnica Especializada del Ayuntamiento junto con los exfuncionarios que eran titulares de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Dirección de Medio Ambiente y de la Dirección del Sistema Integral de Aseo Público, respecto a los resultados de la auditoría aplicada a la licitación para la recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos en León.

Pero será la Contraloría Municipal, que encabeza Esteban Ramírez, quien tenga que emitir las sanciones correspondientes una vez que sea notificado oficialmente por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las presuntas irregularidades encontradas en la auditoría.

Según la diputada panista Leticia Villegas, el costo del contrato asignado por el Sistema Integral de Aseo Público rebasó los 2 mil 600 millones de pesos y contiene irregularidades que no pueden quedar sin castigo pero que corresponde al municipio realizar el procedimiento que finque las responsabilidades que deriven de las observaciones del órgano auditor.

Hay que recordar que los legisladores aprobaron una auditoría específica al proceso de licitación para operar el Sistema Integral de Aseo Público de la ciudad en el ejercicio fiscal 2014 y que se extendió a los requisitos de la convocatoria pública, los requisitos de los participantes, la capacidad financiera de las empresas que entraron a la licitación, la resolución del Ayuntamiento y la verificación del título de concesión otorgado.

Respecto a las bases de licitación pública 001/2014, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato encontró que no se establecieron las condiciones técnicas, administrativas y financieras ni requerimientos respecto al número de unidades, costos, rutas, turnos, toneladas a recolectar entre otras características. Aquí se señala como responsables a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente Sustentable.

A esta Comisión se le atribuye no haber señalado los criterios y formas de evaluación de las ofertas de la concesión, situación que generó desigualdad en las condiciones de participación de las empresas. Además se les responsabiliza de no hacer un análisis del costo-beneficio que justificara que el municipio no podía ofrecer el servicio de recolección de basura.

A la Comisión Técnica Especializada del Ayuntamiento y a los directores de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Medio Ambiente y del Sistema Integral de Aseo Público se les responsabiliza de aceptar la propuesta de GISA y Red Recolector sin cumplir la totalidad de las condiciones técnicas, financieras, legales y administrativas señaladas en las bases de licitación o en la Junta de Aclaraciones.

Por estos argumentos, el PAN considera que sí hay responsables que deben ser sancionados de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del estado de Guanajuato y sus municipios, la cual contempla amonestación, sanción económica, suspensión, destitución e inhabilitación, nada más.

Aunque por ser únicamente sanciones administrativas, no penales, le corresponderá a la Contraloría Municipal aplicar las medidas que considere según la gravedad de las faltas. Al final de cuentas, la auditoría que promovió el PAN acabó únicamente en sanciones administrativas.

DETALLES

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación presentó ayer su informe de la Cuenta Pública 2015, la legisladora federal, Bárbara Botello Santibáñez, ofreció algunos detalles sobre las principales observaciones que se hicieron al gobierno del estado de Guanajuato respecto al manejo de los recursos federales.

En primer lugar, destaca que es una de las entidades que tiene observaciones pendientes de solventar, entre 2011 y 2014 el monto asciende a 6 mil 973 millones de pesos, en el 2015 fueron 2 mil 233 millones de pesos; en segundo lugar, ocupa una baja posición en el monto de lo solventado de las observaciones en ese mismo periodo, de los 6 mil 973 millones de pesos solo 13.7 millones de pesos, lo que representa un .19 por ciento del total.

Ayer, en este espacio, se explicó que según la Auditoría Superior de la Federación, la entidad ocupa el lugar número 26 en el ranking nacional del índice de desempeño de gestión federalizada, un 68.5 por ciento mientras que el promedio nacional es del 73.3 por ciento. El estado más avanzado es Campeche con el 82.5 por ciento y el más retrasado es Veracruz con el 58.8 por ciento.

De acuerdo con el documento oficial que presentó ayer por el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, Guanajuato recibió en 2015 más de 30 mil 688 millones de pesos, a través de los distintos programas federales y solamente se auditan una parte proporcional del total de recursos asignados.

El estado solamente fue observado en el 7.3 por ciento de los recursos federalizados mientras que entidades como Michoacán traen observaciones del 16.5 por ciento del total recibido; Ciudad de México el 15.5 por ciento; Veracruz el 15.1 por ciento; Morelos el 14 por ciento y Guerrero el 13.8 por ciento.

Otra de las acotaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación es que notó un subejercicio de mil 932 millones de pesos del ejercicio fiscal auditado a Guanajuato, que representa el 6.3 por ciento del total de gasto federalizado.

Para la legisladora federal, los números que ofrece el informe de la Cuenta Pública reflejan las áreas de oportunidad a considerarse en el ejercicio del gasto público federal y en el cumplimiento de las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración también expresó ayer su postura respecto a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación y aclara que aún no concluye el proceso; que ya se turnó la información al organismo a fin de que pueda ser valorada.

Aclara que el monto pendiente de solventar por Guanajuato representa el 5 por ciento (2 mil 233 millones de pesos) del total de las 32 entidades federativas, en el caso de Veracruz representa el 18 por ciento (7 mil 704 millones de pesos) o en Michoacán el 14 por ciento 5 mil 17 millones de pesos), y que las observaciones por 2 mil 233 millones de pesos del ejercicio del 2015 apenas es un 3 por ciento del monto de todos los estados, siendo Veracruz el más significativo pues representa el 12 por ciento del total.

Otro argumento del gobierno estatal es que entre más recursos recibe un estado hay más riesgo de tener montos más elevados de observaciones y que en el caso de Guanajuato se ubica en la posición número 15 de las 32 entidades, considerando las que menos observaciones tiene respecto al monto asignado.

Finalmente, la dependencia pondera que respecto a la cantidad asignada de recursos federalizados, es de las entidades con menos subejercicio y que se ubica entre las cuatro con menos denuncias hechas.

Fuente: El Heraldo

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